Avanza iniciativa para impedir candidaturas de agresores y deudores alimentarios en CDMX
La prohibición se extiende a aquellos con sentencia firme por delitos como violencia familiar, violencia equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual
feminismo político
Congreso CDMX
La comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local, respaldó un informe que propone impedir que aquellos que han perpetrado actos de violencia contra mujeres o que tienen deudas alimentarias sean elegibles para ocupar cargos en elecciones populares.
Con una aprobación unánime de 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, estos cambios fueron promovidos por las destacadas diputadas Martha Ávila, Gabriela Quiroga y colectivas feministas, marcando un hito en la lucha por la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres en la esfera política.
El dictamen aprobado implica una reforma al artículo 10, apartado C, adicionando una fracción 11 a la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta reforma establecerá que ninguna persona que haya perpetuado actos de violencia o que sea deudora podrá ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni registrarse como candidata a cargos de elección popular.
Además, la prohibición se extiende a aquellos con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en todas sus modalidades.
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En un movimiento sin precedentes, la medida también incluye la restricción de postulación para aquellos inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, a menos que acrediten estar al corriente del pago, cancelen la deuda o tramiten el descuento correspondiente.
Esta reforma pionera aplicará a todos los servidores públicos, desde el nivel más alto hasta el más bajo, abarcando el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los órganos autónomos.
Adicionalmente, se reformará el Artículo 27, apartado B, numeral 7, Fracción primera de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se añadirá un nuevo párrafo que establece la obligación de los partidos políticos de implementar mecanismos para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos internos.
El dictamen resultante de este respaldo unánime está programado para ser presentado ante el Pleno el próximo 23 de noviembre.
Se espera que en esta sesión estén presentes representantes de las colectivas feministas que han impulsado activamente esta propuesta ante el Congreso capitalino.
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