El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, criticó que los legisladores quieran aplicar la Ley 3de3 a los empresarios.
Durante la inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios Aragón, en la delegación Gustavo A. Madero, el mandatario local pidió a la Cámara de Diputados que no se tergiverse el planteamiento de la sociedad civil.
“La Ley3de3 es para los servidores públicos es para que nosotros transparentemos los recursos, no para llamar a la iniciativa privada”, planteó.
En su discurso, Mancera comentó que es como si se hiciera una contratación o una donación y esto se debiera transparentar. “Vamos a ahuyentar a la iniciativa privada”, expuso.
“Debemos de trabajar con ellos [con los empresarios] y llamarlos a la colaboración, no llevar esta iniciativa a donde no es su origen ni su destino; inicialmente nunca se planteó para eso, se planteó para que nosotros los servidores públicos transparentáramos nuestros recursos, para que dijéramos lo que tengamos”, precisó.
Mancera insistió en que para contrarrestar y combatir la corrupción en todo el país, no era necesario que la iniciativa privada se sometiera a este proceso de transparencia.
“[Es] como sí fuera una vendetta, yo creo que no es por ahí el camino, yo creo que estamos a tiempo de reorientarlo.
“Yo creo que hoy vale la pena hacer un llamado, un llamado a la Cámara de Diputados y decirle que no permita que se tergiverse, que se pervierta el planteamiento de la sociedad civil, de la Ley3de3”, señaló.
La Cámara de Senadores aprobó, la madrugada del miércoles, ampliar la lista de sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses como parte de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El cambio se haría en el artículo 32 de la norma, el cual establece que sólo los servidores públicos sean sujetos obligados.
De esta forma quedaría establecido que cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y los municipios.
También debería declarar que las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a las que se les haya asignado los recursos o con el que se haya contratado.
Lo anterior ha generado molestias entre las administraciones públicas y los propios empresarios, quienes han manifestado que ellos, al no ser servidores públicos, no deberían ser sometidos a esta medida.
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