La extorsión y abuso de poder eran el modus operandi para que exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez omitieran los protocolos de seguridad y Protección Civil de varias edificaciones en la alcaldía Benito Juárez. La red de complicidad, comandada por el exdirector de Gobierno y Jurídico de esa demarcación, Luis "N", aparentemente pretendía tramitar licencias de construcción "en regla" a cambio de fuertes sumas monetarias; así lo reveló el testimonio de un empresario, a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

"Derivado de faltantes en los elementos de protección correspondientes, en el año 2010 se me suspendió la obra en la calle de Pitágoras y le pedí a Luis que me apoyara y me solicitó una gratificación o apoyo económico por 150 mil pesos, a lo cual accedí y alrededor de 20 días naturales, fue que la obra se terminó", narró el empresario.

Después, en el año 2015, le solicitó a Luis "N" apoyo con la edificación de una obra en la calle de Patricio Sanz; debido a que en una visita de verificación, se le notificó que no contaba con los documentos necesarios y sería acreedor a una multa económica. En ese momento, el hombre acudió con el exdirector de Gobierno y Jurídico, en busca de apoyo para que la construcción siguiera sin contratiempos. 

"Pidió (Luis) el expediente a la dirección de obras y observó que estaba por concluirse, por lo que me pidió 250 mil pesos y me hizo la observación que era motivado porque la obra estaba por terminar y si quería obtener la autorización de uso y ocupación, era necesario que accediera a ello, le di el dinero".

"Fui a un restaurante con él y me pidió 200 mil pesos en apoyo al que quería ser delegado en ese momento (Christian Von) accediendo a la petición, le mandé dinero a sus oficinas".

A finales de 2016, Luis “N” buscó nuevamente una reunión con él, posiblemente para platicar respecto a las intenciones de asociarse y empezar a construir juntos. El empresario comentó que recibió un contrato como constructor para desarrollar un edificio ubicado en la calle de Cordobanes, en la colonia San José Insurgentes, el cual en su momento el propio Luis “N” comentó que lo estaban haciendo en asociación con el entonces delegado en partes iguales.

Una vez terminada la obra, Luis “N” le informó que ya había negociado los números con el alcalde, quien había accedido a la participación del inmueble y determinó quedarse con el departamento más grande.

Meses después, Luis “N” le dijo que un familiar recibiría el departamento y que en su visita al mismo había observado vicios ocultos.

En abril de 2017, el empresario y otras personas escucharon la propuesta de Luis “N” para llevar a cabo un nuevo proyecto en la calle de Holbein y que contaba con las aportaciones, para invertir en ese proyecto.

Cuando accedieron a iniciar con el proyecto, quedó establecido que la parte vendedora del predio contaba con una constancia de zonificación de derechos adquiridos en el año 1991 y que Luis “N” que este último se haría cargo de todos los trámites, gestiones, diligencias y cualquier situación derivada con la alcaldía, por lo que se firmó un contrato de prestación de servicios personales y profesionales con él.

" Luis había acordado el pago por la cantidad de un millón 800 mil pesos para protegernos la obra y cuidarla de visitas de verificación, diligencias o procesos que se derivaran directamente en la entonces delegación, comprometiéndose a pagar un millón por anticipado para que nos pudieran otorgar la manifestación y 800 mil pesos, una vez que se obtuviese la terminación de obra. El licenciado Alfonso me dijo que esa cantidad del millón de pesos inicial correspondía a la protección y también a una parte que él tenía que reportarle directamente al delegado y el saldo de los 800 mil pesos era derivado a ciertos tratos y asuntos que tenían pendientes", explicó el empresario.

Para el mes de agosto 2018, Luis “N” le entregó la autorización de uso de ocupación para dicho inmueble ubicado en la calle de Holbein y le solicitó que le pagaran el saldo a Alfonso “N”, porque al otorgarse dicha autorización por parte del entonces director de Obras, Nicias “N”, todo estaría en orden y cuadrado.

"Una vez que llegó el licenciado y se presentó, me explicó que no había de otra, que todos tenían que entrarle con esa situación, viniese recomendado o no o estuviese bien o no la obra, pero que si yo quería pisos adicionales o hacer cosas ajenas a lo que la normatividad permitía esa, ya era otra tarifa, teniendo que acceder a su petición, dado que, de lo contrario, sería la obra sujeta en total terrorismo, en cuanto a visitas de verificación, procesos de Protección Civil, en todo momento que derivaría en retrasos y mermas económicas importantes para el proyecto".

Cuando llegó el período de conclusión de la obra, el empresario no había recibido el comprobante de sus aportaciones que meses atrás le habían señalado, por lo que temía que no se respetase el acuerdo o no le quisieran dar la autorización.

"En abril acudí a entregarle directamente en las oficinas el importe de 425 mil pesos a cuenta de finiquito por la protección de la obra. El licenciado Víctor firmó mi autorización de Uso de Ocupación y en ese momento, él tenía que dar el visto bueno de todas y cada una de las autorizaciones, porque eso significaba el acuse de que la obra había sido pagada en su totalidad respecto a la protección que vendían, para no ser molestados durante todo el proceso".

En abril de 2022, el desarrollador inmobiliario acudió a recoger el documento, directamente en la oficina de César “N", donde observó que dicho recibo no correspondía a la obra, pues era otro que correspondía a una construcción que se ubicaba en la calle Insurgentes.