Gobierno CDMX propone penas de hasta 20 años de cárcel por corrupción inmobiliaria
La iniciativa de reformas al Código Penal se enviará al Congreso local.
Reformas
Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México
El Gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso local la iniciativa de reformas al Código Penal, tipificando la corrupción inmobiliaria como delito, con penas que van de 10 a 20 años de prisión.
"Con esto modificamos el Código Penal, adecuándolo a problemáticas presentes que requieren un tratamiento cada vez más especializado", indicó Martí Batres, jefe de Gobierno, quien agregó que la iniciativa busca crear un nuevo capítulo en el Código Penal, especificando el delito en el artículo 276.
Durante la presentación en el Patio Oriente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino firmó la Iniciativa de Reformas que será presentada ante el Congreso de la Ciudad de México por el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, para ser discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
Según la propuesta, se considerará corrupción inmobiliaria cuando un servidor público permita, por acción, omisión o tolerancia, la construcción de pisos adicionales no autorizados. Las sanciones no solo recaerán en el servidor público, sino también en familiares, empresarios y socios involucrados, independientemente de otras posibles conductas penales.
"La sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales. Se agravarán en una mitad más las penas descritas en este artículo, cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa, directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. En otras palabras, con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones”, detalló.
Explicó que la corrupción inmobiliaria se refiere al fenómeno que permite a funcionarios públicos acumular riqueza mediante un esquema de empresas y sociedades que les otorgan dinero y/o propiedades para beneficio personal, a cambio de emitir permisos ilegales de edificación. Asimismo, resaltó los efectos sociales negativos y los riesgos de protección civil que genera la construcción irregular de viviendas
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Batres enfatizó que la corrupción inmobiliaria tiene consecuencias negativas, desde problemas de protección civil hasta encarecimiento de la vivienda y afectaciones ambientales. La propuesta se respalda con evidencia, señalando un aumento significativo de casos desde 2012, coincidiendo con administraciones anteriores.
Cabe destacar que, al menos, dos servidores públicos de la demarcación aceptaron su responsabilidad en estos hechos, fueron sentenciados y devolvieron a las autoridades capitalinas inmuebles por un valor de más de 80 millones de pesos como parte de la reparación del daño.
“En el año 2008 solo tenemos el caso de un nivel excedente fuera de la norma, de acuerdo a esta información que brinda un portal ciudadano; tenemos hacia el 2009, 12 casos; tenemos hacia el 2012, 158 casos y así. Este es el lapso, este que se menciona aquí, es el lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez, se da un crecimiento enorme. Y no empieza a bajar, sino hasta el combate que realiza el Gobierno de la Ciudad de México a partir del 2021, precisamente después del hallazgo que ocurre con la explosión de los departamentos en la colonia Actipan”, indicó.
Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno, consideró necesaria la revisión del marco legal en construcciones. La propuesta fue enviada al Congreso para su revisión en comisiones correspondientes.
Comentó que se lleva a cabo una revisión del marco legal de la Ciudad de México para desarrollar normas más eficaces adecuadas al contexto social actual.
Esta iniciativa, dijo, tiene tres objetivos principales: disuadir el surgimiento de organizaciones similares dentro de la administración pública de la Ciudad de México y sus alcaldías; contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos de las personas; y contribuir desde el ámbito penal a la transformación de la política inmobiliaria capitalina, al establecer la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no un objeto de especulación financiera.
Cabe mencionar que este anuncio llega tras la salida de Ernestina Godoy de la Fiscalía y precede a una gira para informar sobre el combate a la corrupción inmobiliaria en las 16 alcaldías.
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