Ordenamiento, planeación y la Ley 3 de 3, los grandes pendientes del Congreso

Al cierre de la Segunda Legislatura, el Congreso de la Ciudad de México heredó a las siguientes diputaciones, iniciativas y dictámenes importantes para el buen funcionamiento y desarrollo de la capital, es decir, el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el Plan General de Desarrollo (PGD) y la aprobación de la Ley 3 de 3 para evitar que algún agresor o deudor alimentario, ocupe cargos públicos, esta última, no podrá ser legislada hasta 2030.

El aplazamiento de la Ley 3 de 3 se realizó cuando en la última sesión extraordinaria, el 28 de agosto, se aprobó junto a las modificaciones al artículo 11 constitucional, para garantizar que las mujeres y niñas en situación de violencia puedan acudir a un refugio o casa de emergencia con los apoyos sociales, económicos, psicológicos y jurídicos.

De manera exprés, por unanimidad, se determinó que hasta 2030 entren en vigor todos los derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores.

Luego de las críticas, el grupo parlamentario de Morena aclaró que las normativas para la prohibición de que las personas sentenciadas por violencia de género, agresión sexual o deudoras alimentarias morosas ocupen cargos en el servicio público, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 24 de noviembre de 2023 y entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que actualmente están vigentes.

Otro de los faltantes fue la discusión del PGOT y del PGD, cuando en diciembre del 2023, el jefe de Gobierno, Martí Batres, los retiró a punto de que se aprobara por “iniciativa ficta”, luego de que los legisladores en el Congreso no acordaron las especificaciones para dictaminarlo y enviarlo al pleno.

Este plan, impulsado por Claudia Sheinbaum, buscaba crear una guías para el futuro de la capital para los próximos 20 años, que incluye las construcciones, usos de suelo y manejo del agua, aunque durante su creación, recibió críticas de pobladores que reclamaban la explotación desmedida de áreas protegidas, además de nula consulta para su desarrollo.

Una de las razones del Gobierno central para retirar el PGOT, fue la adición de un capítulo para la corrupción inmobiliaria.

Sin embargo, la confusión de las normas de desarrollo y construcción, así como la nulidad de discusión dio lugar a varias obras que incumplen las normativas de edificación, a pesar de qie existen programas de desarrollo urbano para las alcaldías que siguen vigentes y programas parciales, reglamento de construcción vigentes, un programa federal de conservación de zonas patrimoniales y monumentos históricos.

Cuando se apruebe el PGOT, se sustituirán, pero hay un marco legal vigente que la autoridad tiene la obligación de respetar y es donde ocurren las violaciones.

Aunque en días recientes se validó la iniciativa que frena el incremento de las rentas para que estas no crezcan más que la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, la iniciativa enviada por Martí Batres fue criticada por legisladores y expertos al argumentar que la reforma carece de sustento cuando el Estado no otorga los hogares necesarios, ya que durante el sexenio, únicamente se otorgaron seis mil 200 viviendas.

En el pleno, expresaron que se continúa bajo una planeación con iniciativas de acuerdos administrativos que no solucionan el problema de fondo.

Agregaron que si bien, se menciona la preocupación por los jóvenes que no pueden acceder a rentas accesibles, no se atiende a todos los grupos vulnerables, ni se les da la prioridad que necesitan para resolver el problema de vivienda.

Criticaron que la iniciativa se presta a malas interpretaciones, como el término "asequible", que se refiere a la adquisición, no a la renta.