Legisladores de Morena, PVEM y PT exigieron a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias para limpiar la “podredumbre” en el “modus operandi” del llamado “cartel inmobiliario” en el que presuntamente están involucrados ex funcionarios de la administración panista en la delegación Benito Juárez en la ciudad de México para lo cual incluso solicitaron la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Pablo Gómez.

“Estamos en la lógica de que toda esta investigación se lleve a las últimas consecuencias, solicitando la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque hay muchos traspasos de bienes, de dineros, que por eso hay prófugos de la justicia de este mal llamado, cártel inmobiliario”, demandó la diputada, morenista Aleida Alavez

La legisladora reprochó que se haya pervertido el Programa General de Desarrollo Urbano, mediante el cual esta “cadena de complicidades” logró que se realizaran proyectos urbanos mediante la relotificación y relocalización de usos y destinos.

Incluso no descartó la extorsión a las inmobiliarias para que les adjudicaran departamentos a precios muy por debajo de su costo real como se ha evidenciado por parte de la procuraduría capitalina.

A su vez, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó que en esa cadena de complicidades se permitió incluso la destrucción de inmuebles que estaban protegidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Eso sin contar que la Procuraduría Ambiental contó 60 denuncias por construcciones que violentaban el uso del suelo, además de la tala árboles que hicieron en la citada alcaldía, del 2009 a 2015.

“Hay mil 808 solicitudes de información que no han sido respondidas. Y ya Luis Vizcaíno Carmona, que fue director general de Jurídico y de Gobierno de 2009 a 2016, está preso por este escándalo inmobiliario”, estableció

En días pasados la procuraduría capitalina “destapó” una presunta organización delictiva, la cual a través de intercambio favores por autorizaciones de construcción realizó actos de corrupción con constructoras y desarrollos inmobiliarios sobre todo en la delegación Benito Juárez de la ciudad de México, gobernada por el PAN.

Las propiedades que este grupo de ex funcionarios capitalinos, posee a cambio de autorizar obras, se expanden por Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Huixquilucan, Estado de México. La Fiscalía capitalina ya revisó 41 inmuebles y aún mantiene abierta la indagatoria.

El diputado del PVEM, Tomás Gloria Requena también exigió a nombre de su partido, llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación, “para limpiar la podredumbre que hoy existe en la Alcaldía Benito Juárez y sancionar de manera ejemplar a quienes se han enriquecido utilizando un cargo público en detrimento integral general”.

QUE SE INVESTIGUE

En tanto que el PAN a través de su vice coordinadora en el Senado, Kenia López reconoció que se debe investigar cualquier tipo de ilícito en ese tema y castigar a los responsables porque no puede haber impunidad.

“Ya basta de impunidad, para los mexicanos es una exigencia clara: si alguien comete un ilícito pues tendrá que ser sancionado”, demandó

La panista exigió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, investigar este caso sin persecuciones políticas y le pidió que no lo utilice para mermar a la oposición a sabiendas de que se perfilan a perder la ciudad de México en el 2024.

“Hay que buscar que se haga una investigación, pero que se haga una investigación eficiente, porque esta persecución en contra de la oposición es terrible para la democracia”, demandó