“El día que compré mi Código Penal comencé a entender todo lo que me habían hecho, incluyendo a la asesora legal que nunca me asesoró y al MP que no quiere incluir más pruebas, que me dice que mejor me manda con el juez, que judicializa mi carpeta y que ya con el juez yo vea lo nuevo que salga”, señala Blanca, una mujer que ha sido acosada judicialmente por su exmarido durante 4 años, quien armó un fraude procesal para acusarla de despojo de una casa que Blanca y los dos hijos de la pareja ocupan desde hace 8 años.

El MP de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México quiere procesar una carpeta en la que básicamente lo que se alega es que su exmarido la insulta y que bebe mucho. En realidad la separación se dio hace 8 años y si Blanca ha tenido contacto constante con su expareja es porque el sujeto la ha sometido a juicios de despojo, robo, suplantación de identidad y procesos familiares en los que trata de eludir el pago del sustento de sus dos hijos, un par de jovencitos (17 y 19 años) que a pesar del contexto familiar adverso ganaron y mantienen sus lugares en las instituciones de educación superior más importantes del país.

La acusación de despojo contra Blanca es emblemática del caso y de lo que el MP de la Ciudad de México se niega a incluir en su carpeta: El caso es claro pues mamá e hijos han vivido en esa casa desde 2014.

De alguna forma, el exmarido logró que la Fiscalía de Guillermina Godoy (una antigua MP), se mostrar increíblemente eficaz: en unos días se presentaron policías de investigación a indagar in situ quién vivía allí. Un perito increíblemente meticuloso se presentó al lugar a acreditar oficialmente que una llave proporcionada por el denunciante no abría y que había una cerradura nueva y otra vieja. “La llave se regresa a la persona denunciante”, inclusa asienta en su “dictamen” oficial.

El exmarido alegó que él ha vivido siempre allí (en realidad nunca ha sido su domicilio, ni antes ni después de la separación) y presentó testigos que mintieron ante MP. El encontronazo de Blanca con el MP capitalino (2018-2019) fue brutal: los policías que se presentaron a su casa apenas unos días después de levantada la denuncia; un citatorio para ir al MP de Tláhuac (uno de los peores de la Ciudad) donde incluso el abogado de oficio la instaba a que se declarara culpable o inocente de una buena vez.

Blanca pasó entonces al proceso que muchos viven: pagar abogados por respuestas que sólo prolongan el caso, comenzar con el deterioro en la economía familiar y descubrir que demostrar que la acusación era falsa, algo facilísimo en la realidad, es un asunto que tardará meses y meses y dinero y más dinero.

La burda estratagema del exmarido fue desmantelada a través de un amparo, pero entonces Blanca comenzó a recibir nuevos citatorios por nuevas acusaciones que su exmarido y su actual pareja entablan contra ella. Blanca comenzó a entender que aunque ella ganara en los juzgados, su expareja se daba cuenta que esos procesos la estaban mermando económica y moralmente, que ese podía ser la finalidad real de todo aquello.

Para completar el cuadro, Blanca comenzó a notar que alguien se metía en su casa cuando madre e hijos no estaban; cuando había oportunidad de contratar a un trabajador para avanzar la parte en obra negra del inmueble, las sospechas se confirmaron pues llegaba un sujeto alegando que tenía derecho a entrar.

Un día lo que era duda se volvió certeza: encontró las conexiones de gas y eléctricas destrozadas.

Los encuentros con el exmarido por las denuncias que éste le levanta, degeneraron en insultos del sujeto contra Blanca y sus hijos. Aunque en los procesos legales Blanca se mostró cada vez más capaz de defenderse legalmente, la fuga de dinero en abogados y la incertidumbre sobre cuando acabaría todo ello, la estaban afectando.

La carpeta de investigación CI-FIDVF/75/UI-75/D/01802/06-2021 se abrió luego de una denuncia formal de la mujer un día que a las puertas del juzgado su marido la insultó.

Harta de la situación, Blanca decidió comprar un código penal y otros textos sobre justicia en general y de género. Se sorprendió: ella había vivido una violencia de género desde el matrimonio debido a que el hombre, borracho empedernido tanto en casa como en su trabajo en una subestación eléctrica del Metro, decidía cuándo cumplía con sus obligaciones económicas y cuando optaba porque la familia de Blanca se hiciera cargo de los gastos. El acoso judicial también era parte de eso, comprendió, y los insultos que le propinaba eran, incluso, lo menos grave del caso.

Se sorprendió aún más de saber que los funcionarios y testigos que habían participado en el burdo montaje de la acusación de despojo debían ser procesados.

Otra de las denuncias, ante juzgado familiar, derivó en que su exmarido presentara videos y fotos de dentro de su casa como supuesta prueba de que Blanca y sus hijos no estaba allí los fines de semana que el pasaba por ellos (en efecto, el hombre alega en cada juzgado versiones diferentes y contradictorias, así que en lo penal él alega haber vivido en el domicilio de Tláhuac desde hace una década, pero en el de lo familiar indica que allí sólo va a visitar a los hijos).

Los videos y las fotos corroboraban fehacientemente que el sujeto entraba o mandaba a alguien a allanar su hogar.

Blanca exigió entonces al MP que llebasu caso por violencia familiar que solicitara el material e incluyera todos los elementos de lo que estaba viviendo, empezando por las acusaciones sin fundamente de su marido, especialmente la de despojo. El MP le exigió que le llevara las escrituras del domicilio para hacerlo. Blanca comprendió que era un mero pretexto para no incluir el tema. Su asesora legal tampoco la apoyaba en su deseo. Ambos querían judicializar la carpeta, bastante light, por insultos.

Después vino lo que hizo que Blanca se decidiera a levantar la voz públicamente y buscara a Crónica. La mujer tuvo recientemente un tercer hijo con una nueva pareja que nació con una deficiencia física. Una noche, el correo de Blanca empezó a recibir insultos contra ella y el bebé. El correo del remitente tenía el nombre de Blanca.

Harta y abrumada por esto, Blanca recurrió nuevamente a su aprendizaje en juzgados y contactó a la Guardia Nacional hasta dar con la Policía Cibernética. Un especialista la asesoró y la conminó a integrar este caso a la carpeta de investigación ya abierta.

Nuevamente el MP a cargo se negó: “presente otra denuncia, eso ya no lo ponemos aquí”.

Blanca comenzó a peregrinar en diferentes áreas de la Fiscalía, incluyendo asuntos internos para denunciar finalmente a los funcionarios que le obstaculizaban el acceso a la justicia. En todas esas oficinas se le indicó que en efecto debía integrar todos los temas (acusaciones falsas, allanamiento de su hogar y discriminación y ataques contra el pequeñín); en todas, menos en la del MP que lo debe hacer.

El fiscal especializado desea judicializar la carpeta como está, alega que ya con el juez verán que más sale, aun cuando los elementos están a la mano para presentar el caso.

Blanca tiene activo su caso y quiere presentar una sólida acusación por 8 años de ataques, agresiones y violencia. Ve en ello la posibilidad de que su vida y la de sus hijos se centre en conseguir un futuro mejor y no en vivir defendiéndose. No sabe si la Fiscalía capitalina es capaz de entenderlo:

“Mi temor es que como se manejen, por los abusos que se me hicieron en la carpeta de la acusación contra mí por despojo... queda la desconfianza por como hacen el mal manejo de las carpetas y ya no sabes si denunciar o quedarte callada. Ni siquiera tienes la certeza de que defensor de oficio o el asesor jurídico, te va a realmente a apoyar”, comenta Blanca sobre lo que espera de la Fiscalía.