Con el fin de que las mujeres víctimas de violencia de género tengan una representación legal que las proteja del riesgo de feminicidio, la diputada de Movimiento Ciudadano, Amalia García, propone que los defensores públicos cuenten con conocimiento y sean sensibilizados a través de cursos sobre la perspectiva de género.

García Medina planteó modificar los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública y se establezca que para ingresar o permanecer como defensor público o asesor jurídico se requiere acreditar un curso, taller o diplomado sobre la perspectiva de género y reformas a las leyes.

En su iniciativa presentada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Justicia considera que la capacitación debe ser emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o institución pública afín a las mencionadas.

La legisladora reconoce que en los últimos años la lucha por la equidad de género ha ganado terreno, ejemplo de ello -dijo– es la Ley 3 de 3 para que deudores alimentarios y personas culpables de violencia de género no puedan postularse para cargos de elección popular o desempeñarse como servidores públicos. Sin embargo -lamentó- el avance para alcanzar la igualdad de derechos ha sido lento.

"De nada sirven las reformas si los servidores públicos encargados de impartir o buscar la justicia no tienen conocimiento o sensibilidad ante estos temas".

Enfatizó en que para alcanzar los objetivos de las reformas a las leyes se debe entender qué es y cómo utilizar la perspectiva de género en todos los casos que involucran violencia. "Es necesario que los servidores públicos tengan la sensibilidad y empatía de que se requiere el conocimiento para poder defender, juzgar y representar con perspectiva de género", señaló.

Expuso qua preparación, capacitación y profesionalización es necesaria e indispensable para evitar informar mal o poner en riesgo a la víctima de delitos en razón de género como es la violencia familiar, la cual con una defensa errónea puede poner en riesgo a la persona que presenta la denuncia.

Amalia García advirtió que proporcionar información errónea sobre las medidas a tomar pone su vida en peligro, lo que puede terminar en feminicidio por no proceder con perspectiva de género desde el inicio de la acusación.

"Esta reforma es una deuda pendiente que se tiene con todas las mujeres que sufren violencia en nuestro país, dijo.