Gobierno federal se compromete a cumplir medidas cautelares y garantizar la seguridad de comunidades Tarahumaras
Las medidas cautelares se emitieron derivado del contexto originado por los hechos ocurridos el pasado 20 de junio del 2022 en la parroquia San Francisco Javier de la comunidad Jesuita de Cerocahui. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 25.5 de su reglamento, emitió la resolución 2/2023
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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, en compañía de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, en compañía de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván y diversas autoridades estatales, instalaron la Mesa de Implementación de las Medidas Cautelares 876-22 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Tarahumara, municipio de Urique.
El subsecretario Encinas afirmó que existe una estrecha coordinación con la Fiscalía del estado de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública para que haya justicia, condición fundamental para restablecer las condiciones de paz y de convivencia.
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“Refrendar la importancia de mantener una muy estrecha coordinación entre el Gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales de la Sierra Tarahumara y de manera muy puntual la muy necesaria coordinación de las instituciones de seguridad y las fuerzas de seguridad del Estado, con el apoyo de la fiscalía del estado, porque sin esa coordinación no es posible enfrentar de manera clara, firme y decidida al tipo de delincuencia que opera en esta región”, sostuvo.
Las medidas cautelares se emitieron derivado del contexto originado por los hechos ocurridos el pasado 20 de junio del 2022 en la parroquia San Francisco Javier de la comunidad Jesuita de Cerocahui, por lo que el pasado 22 de enero del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de conformidad con el artículo 25.5 de su reglamento, emitió la resolución 2/2023, a partir de la cual informa al Estado mexicano el otorgamiento de medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui en la Sierra Tarahumara, municipio de Urique, Chihuahua con el objetivo de garantizar los derechos humanos de las poblaciones en riesgo.
Con la presencia de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, los titulares de secretarías estatales y representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), se instaló dicha Mesa con la participación de las personas cauteladas y sus respectivas representaciones legales ante la CIDH, ejercidas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), quienes además cuentan con el acompañamiento de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
También se contó con la participación de la coordinadora de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Representante Adjunto para México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se establecieron los acuerdos y mecanismos de coordinación que guiarán la implementación de acciones de protección en favor de las once personas cauteladas, quienes compartieron sus experiencias en las comunidades, así como las necesidades particulares de protección a partir del ejercicio de su labor pastoral.