Jueza ordena restaurar en todo el país el programa de Escuelas de Tiempo Completo
La resolución deriva del amparo presentado por la organización Mexicanos Primero, en el que argumenta que las autoridades violaron el derecho a la educación y alimentación de los menores
Cuartoscuro
La jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió este lunes que el programa Escuelas de Tiempo Completo —que se aplicaba a nivel nacional— debe ser restaurado en todo el país, tal y como operaba antes de la puesta en operación de La Escuela es Nuestra (LEEN), de acuerdo con la resolución emitida en favor de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, organismo legal de la organización Mexicanos Primero.
La resolución de la magistrada ordena “adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquella, incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para este fin”, toda vez que la operación de LEEN no satisface algunos de los objetivos de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC).
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En el mismo tenor, la jueza destaca que las autoridades que deberán cumplir con este ordenamiento son el Ejecutivo Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Mexicanos Primero sustenta en sus argumentos que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes, al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria, y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica.
En fallo de la juez refiere que también se afectó "desproporcionalmente" a las mujeres madres de familia, quienes dependían de las Escuelas de Tiempo Completo para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando “la posibilidad de que (…) se desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía”.
Con base en estos factores, la juzgadora legal determinó que se violó el principio de progresividad respecto a los derechos de educación y alimentación de los menores, además del interés superior de la niñas y niños, mismos que se garantizaban con las ETC y que no se contemplan con el programa LEEN.
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