La canciller mexicana Alicia Bárcena anunció que el próximo 22 de febrero se realizará en la Corte de Distrito de Arizona la audiencia para dar seguimiento a la demanda presentada por el gobierno de México contra la venta de armas que adquiere la delincuencia organizada del país y en la que se deberán presentar alegatos y pruebas contra cinco distribuidores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que en el marco de la demanda presentada por México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, cuyas prácticas comerciales facilitan el tráfico de esos productos a nuestro país, la Corte de Distrito para el Distrito de Arizona señaló el 22 de febrero de 2024 como fecha de audiencia para presentar alegatos orales.

El seguimiento a este tema se da luego de que la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el caso y canceló la audiencia originalmente programada para el 28 de agosto de 2023. Sin embargo, el asunto fue reasignado a la jueza Rosemary Márquez, quien fue designada en el cargo en 2014 por el entonces presidente estadunidense Barack Obama.

"Conforme a la práctica de litigio en Estados Unidos, la Corte solicitó a las partes diversa información que deberán aportar con antelación a la audiencia, incluyendo una propuesta de calendario procesal y de la forma en las partes que deberán exhibir y revelar su material probatorio ('discovery'). Este requerimiento refleja un profundo interés de la jueza Márquez en realizar un análisis exhaustivo del asunto, lo cual confirma la seriedad y transcendencia del caso", resaltó la Cancillería mexicana, cuya demanda para frenar el flujo de armamento fue iniciada por el extitular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de un tiroteo contra mexicanos en Estados Unidos.

En 2022 fue presentada la demanda contra los distribuidores Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix) y Sprague's Sports, INC. (Yuma).

De acuerdo con México, hay datos de trazabilidad que permite saber que estas tiendas suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México.

"La trazabilidad se refiere al rastreo que hacen las autoridades para conocer el origen del arma una vez que ha sido asegurada", puntualizó la SRE.

Se trata de la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas. La primera se presentó en Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadunidenses, y se encuentra en etapa de apelación. Mientras la demanda en Boston cuestiona una responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito a nuestro país, esta segunda demanda atiende un ángulo específico del fenómeno: la negligencia de puntos directos de venta de armas, de acuerdo con la Cancillería.