Para evitar que proyectos de la actual administración se frenen con el recurso legal del amparo con "fines políticos, como ha ocurrido con la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo plantea reformas a la Ley de Amparo, y los juicios se limiten en tres rubros: áreas estratégicas de la economía nacional, bienes del dominio directo de la nación y planeación nacional del desarrollo.

Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, propuso al pleno de la Comisión Permanente, una iniciativa que reforma la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, para impedir el recurso de amparo con fines políticos.

“El objetivo es que el amparo deje de usarse políticamente, no que no haya amparos, sino que la suspensión se limite en tres grandes materias: áreas estratégicas de la economía nacional; bienes del dominio directo de la nación y planeación nacional del desarrollo”, señaló.

El legislador expuso que desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador la suspensión o los juicios de amparo se han empleado frecuentemente por la oposición para obstaculizar acciones prioritarias del Gobierno Federal, y “que afectan gravemente el interés social”, además de que detener los proyectos ha resultado sumamente caro.

Puso como ejemplos del uso del amparo contra Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, contra la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, la orden de detención del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y contra la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Juan Ramiro Robledo agregó que este recurso también fue empleado para frenar la incorporación de los miembros de la Policía Federal a la Guardia Nacional y contra la Ley de la Industria Eléctrica.

“La suspensión ha tenido lugar en otros mecanismos de control constitucional, como las controversias constitucionales, en donde actores legitimados y que son opuestos al gobierno en turno (...) promueven amparos por considerar que sufrían afectaciones a sus intereses”, afirmó.

El diputado federal aseguró que aunque la suspensión en sí solo es una medida preventiva provisional, en los hechos se convierte en una herramienta que anula y obstaculiza de manera relevante, y “cuesta muchísimo dinero mantener paradas las obras”.

La propuesta de reforma, enfatizó, “busca preservar el interés social por encima del interés particular”.