A partir de la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las instituciones federales por inconsistencias o presuntos actos de corrupción han perdido efectividad al grado de ser casi ignoradas por los sujetos de revisión y lo peor es en la recuperación de recursos cuyo ejercicio no fue comprobado: ahora solo se recupera una quinta parte de esos recursos públicos.

Mientras que en 2016 y 2017 la ASF recuperó cerca de siete y nueve mil 515 millones de pesos respectivamente, en 2020 recuperó cerca de dos mil 200 millones de pesos. Es decir, 7 mil 315 millones de pesos menos que en el penúltimo año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a un análisis del IMCO, la atención de las recomendaciones de la ASF ha decrecido a través de los años.: en 2011, 2012 y 2013, la atención a las recomendaciones por las instituciones auditadas era de 99%. Esta proporción se redujo a 19% en 2018 y 2019, últimos años con este dato disponible.

En este contexto, el IMCO recalcó que la ASF puede fortalecer la detección de riesgos de corrupción en las compras públicas o ineficiencia en el uso de los recursos públicos a través del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC).

Algunos ejemplos que muestran la utilidad del IRC en la labor de fiscalización de la ASF son: A mayor número de acciones por auditoría, mayor riesgo de corrupción en compras públicas según el puntaje del IRC.

Liconsa, Diconsa y Seguridad Alimentaria son las tres instituciones con mayor proporción de acciones por auditorías, con 45, 31 y 20 respectivamente.

DICONSA CON MAYOR RIESGO DE CORRUPCIÓN

Diconsa obtuvo un puntaje de 53 de 100 puntos en el IRC 2020, lo que la ubica en la sexta posición con mayor riesgo de corrupción entre las instituciones con mayor gasto.

En 2021, el Insabi, el IMSS y el ISSSTE fueron las instituciones con mayor nivel de riesgo de acuerdo con el IRC, y al mismo tiempo recibieron un número significativo de acciones por parte de la ASF: 20, 22 y 30 respectivamente.

En los dos primeros informes de fiscalización de 2021, 15 de las 22 instituciones federales que gastaron más de tres mil millones de pesos en compras públicas fueron auditadas por la ASF y evaluadas en el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC).

El IMCO advierte que los patrones de riesgo en las compras públicas identificados por el IRC coinciden con algunas anomalías en la gestión financiera de contratos documentadas por la ASF.

Instituciones como el Insabi, el puerto de Salina Cruz y Liconsa, que tuvieron puntajes altos en el IRC por falta de transparencia, competencia y cumplimiento de la ley respectivamente, recibieron recomendaciones de la ASF por las mismas prácticas de riesgo en compras públicas.

El Insabi adquirió 2,250 ventiladores sin proporcionar justificación de los procedimientos de contratación realizados. Esta irregularidad coincide con la falta de transparencia identificada en el IRC: en 2020 100% de las adjudicaciones directas del Insabi no tenían el documento del contrato disponible para su consulta.

En 2020 el puerto de Salina Cruz obtuvo un nivel alto de riesgo en el IRC por la adjudicación directa de un contrato de 4 mil millones de pesos. Ese contrato fue fiscalizado posteriormente por la ASF, que detectó una obra pagada no ejecutada y sin evidencia documental por al menos 3.3 millones de pesos, así como la existencia de pagos indebidos.

Liconsa fue una de las instituciones que presentó mayor riesgo en el IRC 2021 por el alto porcentaje del monto destinado a procedimientos de excepción (83%), la existencia de concursos con plazos cortos (26%) y el monto destinado a empresas de reciente creación.

Posteriormente la ASF encontró que algunas empresas contratadas presentaron inconsistencias entre la información contenida en los RFC y los datos presentados a Liconsa, y comprobó la participación de una empresa sancionada.

Los indicadores del IRC permiten identificar áreas de mejora en las instituciones públicas y construir estrategias para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos, establece