La batería de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al congreso de la Unión el pasado 5 de febrero plantea derechos fundamentales como atención médica universal y gratuita, vivienda, educación, medio ambiente sano y agua sin embargo la seguridad pública está ausente en este paquete de iniciativas sin contar que tampoco tienen una evaluación de impacto presupuestario para estas propuestas lo que prevé fata de recursos para ponerlas en marcha.

Detalla que reformas de esta magnitud requieren recursos públicos para poder convertirse en políticas públicas.

El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Ejecutivo Federal debe realizar una evaluación de impacto presupuestario de cada una de las iniciativas que presente al Congreso.

Según el CIEP, no se encontraron dichas evaluaciones de las iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero.

“Los programas públicos sin recursos presupuestales no son viables”, advierte un análisis del grupo de economistas ¿México cómo vamos?.

También brilla por su ausencia una reforma que fortalezca la seguridad pública con mando civil y que esté fundamentada en la protección de los derechos humanos y enfocada en disminuir la violencia, tal como fue su compromiso de campaña hace 6 años y como quedó en la exposición de motivos de la reforma constitucional por la cual se creó la Guardia Nacional.

Otro tema importante por la crisis que se registra en México en la del agua, pero la iniciativa del presidente López Obrador sobre el uso en esta materia o minimiza la preponderancia del uso del agua en el sector agrícola a nivel nacional y no considera otras soluciones para combatir la escasez de agua.

De acuerdo al análisis de “México ¿cómo vamos?, para finales de enero del 2024, el Monitor de Sequía de México reportó que 1,070 municipios del país (el 43.3% del total) experimentan condiciones de sequía severa, extrema o excepcional, afectando así a cerca del 47.5% de la población.

La iniciativa presentada por López Obrador sobre el uso del agua busca establecer la preferencia del consumo personal y doméstico sobre los usos industrial, agrícola, minero y de generación de energía eléctrica, así como prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones a particulares en zonas con escasez de agua.

La iniciativa minimiza la preponderancia del uso del agua en el sector agrícola a nivel nacional (más del 70% del volumen concesionado), enfocándose principalmente en los efectos negativos de la industria y la minería (menos del 5%).

Además, la iniciativa no considera otras soluciones para combatir la escasez de agua, como la mejora de la eficiencia en el riego agrícola, la promoción de la captación de agua de lluvia, la reparación de fugas, la construcción de infraestructura, la utilización de aguas residuales o la recuperación de espacios para la recarga de los acuíferos.

Si bien brindar de agua a la población es lo primordial, esta iniciativa podría tener repercusiones adversas para los productores agrícolas y afectar la atracción de inversiones, especialmente en el norte del país, donde la disponibilidad de agua es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos en el contexto del nearshoring.