Creados para administrar recursos públicos y fomentar el desarrollo económico o proyectos de inversión, el funcionamiento e información de los fideicomisos públicos estatales en México es limitada lo que complica su transparencia y rendición de cuentas pues el marco normativo que los regula es ambiguo y no hay información disponible para revisar su correcto funcionamiento.

Para 2023 hay un total de 385 fideicomisos estatales reportados que concentran alrededor de 51 mil 530 millones de pesos y más de la mitad de los recursos totales de los fideicomisos públicos estatales -28 mil 574 mdp- se concentra en solo cuatro estados: Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Veracruz, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el análisis “Fideicomisos públicos estatales ¿ventajas o riesgos?, se establece que en la edición 2023 del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), de los 116 criterios evaluados, el criterio Fideicomisos públicos por número de contrato y fiduciario, es el tercer criterio menos cumplido en los estados (69% de cumplimiento).

El IMCO advierte que en México, existen muchas inquietudes con respecto al funcionamiento de los fideicomisos públicos pero considera que más que desaparecerlos hay que fomentar su transparencia y rendición de cuentas.

Insiste en que la información pública disponible sobre el funcionamiento de los fideicomisos estatales es limitada, lo que dificulta la rendición de cuentas.

De hecho—agrega--a nivel estatal, no es posible determinar qué proporción de los fideicomisos públicos cuenta con estructura y cuál no por la falta de información.

En el BIPE se observó que solo 24 de los 32 estados detallan los saldos de sus fideicomisos.

Explica que un fideicomiso público es un contrato legal a través del cual la administración pública de un país, estado o municipio, otorga a un fiduciario el encargo de administrar recursos públicos para fomentar el desarrollo económico o para proyectos de inversión, entre otros.

Detalla que estos fideicomisos pueden generar múltiples beneficios como facilitar la gestión de recursos y la continuidad de proyectos de largo plazo; sin embargo, también conllevan riesgos, sobre todo si no cuentan con condiciones normativas adecuadas.

El IMCO establece que a nivel nacional, hay gran heterogeneidad en el marco legal que regula a los fideicomisos públicos: en algunos estados no existe dicho marco, en otros deben estar alineados al Plan Estatal de Desarrollo.

Explica que en algunos casos, los fideicomisos pueden emitir deuda. La problemática de esta proporción es que puede comprometer las finanzas del estado, en gran medida porque en sus marcos regulatorios no contemplan esta figura.

Los fideicomisos públicos, tanto federales como estatales, presentan múltiples beneficios que, bien aprovechados, pueden traer derramas económicas para los estados y el país. Para ello, es importante que mejoren su operación y rendición de cuentas.

Por ello el IMCO plantea crear un Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos Públicos que sea accesible para la ciudadanía por medio de la Secretaría de Hacienda las secretarías análogas de las entidades federativas.

Actualmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento prevén la existencia de un sistema para poder registrar los fideicomisos federales. Sin embargo, este sistema tiene dos grandes limitantes: no es de acceso público y no comprende a los fideicomisos estatales.

En consecuencia, es necesario desarrollar un repositorio de información coordinada en la que se puedan consultar los contratos, saldos, aportaciones, estados financieros y demás información de los fideicomisos federales y estatales.