
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa de tres millones 77 mil pesos a la empresa Productora Agrícola Industrial del Noroeste, por cambiar uso de suelo sin autorización en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.
Además, la Procuraduría ordenó la reparación del daño ambiental ocasionado en áreas forestales, por lo que deberá restaurar el sitio y dejarlo en el estado en que se encontraba antes de ser dañado, en caso de no obtener la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De obtener la autorización, deberá realizar la compensación del daño ambiental ocasionado, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual consistirá en que el responsable invierta o realice acciones que generen una mejora ambiental sustitutiva a la reparación del daño ocasionado al ambiente.
El cambio de uso de suelo sin autorización se realizó en una superficie de 316 hectáreas de la Reserva, ubicada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur.
La empresa Productora Agrícola Industrial del Noroeste trabaja mediante unidades de producción protegidas por malla sombra, riego por goteo e infraestructura de apoyo.
La Procuraduría indicó que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, establecen que quienes pretendan realizar el cambios de uso del suelo de áreas forestales, en selvas y zonas áridas, así como obras y actividades en ANP de competencia federal, requerirán contar previamente con la autorización en materia de impacto ambiental que emite la Semarnat.
La Reserva de la Biosfera El Vizcaíno se localiza en el extremo norte de Baja California Sur y comprende una superficie de dos millones 546 mil 790 hectáreas e incluye cinco kilómetros de franja costera de Mar Territorial, con el fin de agregar la ruta migratoria de la ballena gris, las islas y los diferentes recursos pesqueros existentes.
La Profepa indicó que la resolución administrativa que emitió se envió a la Procuraduría General de la República como dato de prueba, con motivo de la denuncia penal interpuesta.
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