En México hay seis entidades del país donde todavía se acepta el matrimonio de niñas menores de edad, lo que viola los derechos de la infancia, particularmente los de las adolescentes y niñas en situación de mayor vulnerabilidad, advierte la ONU.
Por ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió a todos los estados del país impulsar las acciones necesarias que permitan erradicar el matrimonio infantil de una manera trasnversal, a fin de eliminar las excepciones que faciliten la persistencia de este tipo de prácticas que violan los derechos de la infancia.
El documento aprobado por la Permanente advierte que el matrimonio forzoso expone a las niñas a la violencia y el abuso sexual. Las consecuencias en su educación y en su salud son impactantes, advierte.
Se trata de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora, cuyos códigos civiles y familiares todavía aceptan excepciones a la prohibición del matrimonio infantil, mientras que Chihuahua establece una edad menor a los 18 años para casarse legalmente.
En México, al menos una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal o temprana antes de cumplir los 18 años.
La senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, manifestó que es necesario que los gobiernos lleven a cabo acciones concretas que establezcan políticas públicas efectivas que prevengan el embarazo adolescente, que el tema no sea considerado como tabú para poder abordarlo y que la información sobre los métodos anticonceptivos llegue a las niñas y a las adolescentes.
Senadores y diputados reconocen que el reto se extiende al código civil federal pues en la actualidad, la armonización de los códigos civiles y familiares para prohibir categóricamente el matrimonio infantil en el país sigue siendo un desafío.
El Código Civil Federal establece los 14 años como la edad mínima de las niñas para contraer matrimonio y 16 para los niños.
LA ONU advierte que el matrimonio y las uniones tempranas tienen múltiples consecuencias como la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y, en general, la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes.
Por ello, asegurar en las leyes y políticas públicas que ninguna niña sea víctima de estas prácticas constituye una medida de protección de sus derechos, señala.
En México hay legislaciones que permiten que niñas y adolescentes se casen con su tutor, con un pariente cercano como tíos.
También dicen que se pueden casar por “motivos graves y justificados”, como dispensas y/o excepciones, quedando a criterio de quien aplica la ley, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
La senadora del PRI, considero que el estrupo es una manera de reeeditar el abuso infantil.
Por eso resaltó la importancia de respetar lo que dice la ley, en cuanto a la edad mínima para contraer matrimonio.
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