Aún en los tiempos del presidente Santa Anna, diputados liberales intentaron, en al menos dos ocasiones, promover proyectos constitucionales que desaparecían la problemática figura de la vicepresidencia. Como no podían dejar al azar el problema de una eventual ausencia del Presidente de la República, pensaron que un senador, electo por el Pleno de ambas cámaras —Plan A— o solamente la Cámara de Diputados —Plan B— podía hacer las funciones de Presidente interino. Pero estos proyectos se habían promovido en 1842, y Santa Anna, al disolver el Congreso y encarcelar a algunos de los creadores del proyecto, impidió cualquier maniobra para concretar las propuestas.

Pero la brutal huella de la derrota después de los días más oscuros de la invasión estadunidense, creó las condiciones para que la tragicomedia de la Vicepresidencia mexicana se terminara: en ese mismo 1847, el Congreso produjo el “Acta constitutiva y de reformas” que modificaba la Constitución de 1824 específicamente en el tema que tantos sinsabores le había acarreado al país. El Acta disponía la derogación de “los artículos de la Constitución que establecieron el cargo de Vicepresidente de la república, y la falta temporal del Presidente se cubrirá por los medios que ella establece, para el caso en que faltaran ambos funcionarios”.

El debate que llevó a la producción de esta Acta fue interesante, porque implicó una dura autocrítica, por parte de un joven legislador jalisciense, Mariano Otero, quien enfrentó a sus colegas a lo que le parecía una verdad incontrovertible: una Vicepresidencia estaba muy bien en los Estados Unidos, porque allá, el respeto a las leyes era “la primera y la más fuerte de las costumbres”.

El contraste mexicano resultaba lamentable, por decir lo menos: Otero reconocía que si algo faltaba a los ciudadanos de nuestro país, eran valores cívicos, y a esta condición se agregaba el hecho de que, desde que México había alcanzado su independencia, todas las diferencias políticas solían resolverse por medio de pronunciamientos y asonadas. En suma, los mexicanos de 1847 eran incapaces de resolver por la vía pacífica sus discusiones en materia de política. Sólo así se produjo la modificación constitucional.

Pero como las flaquezas de la clase política mexicana seguían siendo las mismas, habrían de transcurrir las gestiones presidenciales de seis personajes —Pedro María Anaya, Manuel de la Peña y Peña, José Joaquín de Herrera, Mariano Arista, Juan Bautista Ceballos y Manuel María Lombardini— y el regreso de Santa Anna a su última presidencia, en 1853, antes de que la triunfante Revolución de Ayutla inclinara la balanza del poder político hacia el partido liberal.

LAS BUENAS INTENCIONES DE 1857. Finalmente, las razones de Mariano Otero fueron decisivas para que, años después, en el congreso constituyente de 1856-57, se desterrara en definitiva cualquier posibilidad de reinstaurar la Vicepresidencia. Para prevenir una posible ausencia del Presidente, se agregó a la nueva Carta Magna la iniciativa que Otero había formulado años antes y que había funcionado bien: se recurriría al presidente de la Suprema Corte de Justicia para suplir al Presidente. Así había ocurrido con Manuel de la Peña y Peña y con Juan Bautista Ceballos.

Tan bien había funcionado el recurso en aquellas ocasiones, que ni siquiera fue tema de debate en el Constituyente 1856-1857. Lo que no sabían los diputados es que a los pocos meses de la promulgación de la nueva Constitución, la inestabilidad del país iba a convertir el mecanismo de suplencia en una pieza más de la lucha por el poder. De hecho, según la nueva norma, Benito Juárez llegó a la Presidencia por primera vez, cuando estallaba la Guerra de Reforma, a fines de 1857, y siete años después, a fines de 1865, en el fragor de la Guerra de Intervención sobrevendría el conflicto con el presidente de la Suprema Corte, el general Jesús González Ortega, quien, sin importarle las excepcionales condiciones del gobierno juarista establecido en el norte del país, juzgaba que era su turno, como presidente de la Corte, asumir la Presidencia. Pero Juárez prorrogó su mandato —y causó una seria fractura en el partido liberal—, y González Ortega debió asumir un destierro forzoso y una temporada en prisión.

Al reinstalarse la república, el mecanismo de suplencia permaneció, y le permitió a Sebastián Lerdo de Tejada asumir la Presidencia al morir Juárez en 1872, medio año después de reelegirse.

Lerdo asumió el interinato, y en 1876 contendió en las elecciones para también reelegirse. Esta vez, su contrincante en los comicios, el aún joven Porfirio Díaz, no aceptó los resultados y se levantó en armas. Tan duro fue el conflicto, que el presidente de la Corte, José María Iglesias, fue ignorado cuando, al exiliarse Lerdo, reclamó la Presidencia. Porfirio Díaz se había cansado de esperar: había tomado el poder y no sería fácil arrebatárselo.

Lo que nadie sabía era que, de hecho, iba a tomar 30 años sacarlo de la jugada.

LA VICEPRESIDENCIA DE DON PORFIRIO. El mecanismo de suplencia presidencial permaneció en la Constitución de 1857 buena parte de las gestiones de Díaz y los cuatro años en que su compadre, Manuel González, le “guardó" el cargo. El país entró en una etapa de relativa estabilidad, mientras Porfirio envejecía en la Presidencia.  Díaz se reveló como un hombre fuerte, que no estaba muy de acuerdo con que hubiera en el escenario político personajes que pudieran hacerle sombra y, en algún momento, surgir como rivales electorales. Así, alejó a sus amigos y a sus compañeros de armas.

En 1878, Justo Sierra lanzó el debate público; era necesario que el presidente de la Suprema Corte “dejara de ser el Vicepresidente de la República”. Y así ocurrió: la Constitución se modificó en 1882, y se diseñó un mecanismo en el cual la suplencia presidencial sería asumida por el presidente del Senado en el mes previo a la ausencia del Presidente.

Pero los años pasaron, y el presidente Díaz resintió el paso del tiempo. Tenía ya 66 años, y esa parece haber sido la razón preponderante para promover una nueva modificación constitucional. Era 1896 cuando se dispuso que al Presidente lo supliría el Secretario de Relaciones Exteriores, y si no había tal, el Secretario de Gobernación. En los hechos, su canciller, Ignacio Mariscal, se volvió una especie de “vicepresidente” sin título, y su secretario de Gobernación, su suegro, Manuel Romero Rubio, un aspirante cuyas esperanzas se fueron apagando con el tiempo, porque su yerno no daba muestras de debilidad. Antes murió Romero Rubio.

Pero el tiempo pasaba y a todo mundo le inquietaba la posibilidad de la muerte repentina del presidente Díaz, que se entretenía mirando cómo poco a poco, se enfrentaban dos fuertes aspirantes a sucederlo: el secretario de Hacienda, José Yves Limantour, y el gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes.

En 1904, la preocupación por la vejez de don Porfirio alcanzó tintes de alarma dentro y fuera de México. Las voces del capital extranjero, que invertían fuertes sumas en nuestro país, influyeron para que se restableciera la figura de la Vicepresidencia, con la condición de que fuese un hombre más joven que el Presidente. El canciller Mariscal tenía 76 años, dos más que don Porfirio.

Se hizo la reforma, pero se adaptó a los procesos electorales: el nuevo vicepresidente tendría que contender en fórmula con el candidato a la Presidencia, es decir, tendría que ser del mismo partido. Así se eliminaba el factor que tantos problemas había generado en el pasado.

El elegido fue el exgobernador de Sonora, Ramón Corral. Don Porfirio y Corral fueron electos presidente y vicepresidente para el periodo 1904-1910, y Corral asumió la Secretaría de Gobernación. Y qué bueno, porque si hubiera sido solamente vicepresidente se hubiera muerto de aburrimiento, porque don Porfirio no lo tomaba en cuenta para asuntos trascendentes.

El vicepresidente acabaría quejándose: Díaz lo quería para ir a ceremonias que no le interesaban, para presidir eventos que lo tendrían despierto después de la media noche; para no tener que salir en los días lluviosos o fríos o calurosos. Ramón Corral empezó a envejecer, entendiendo que su verdadero poder en la Vicepresidencia se resolvía con una sola frase: “…que vaya Ramón”.

El problema fue que, al desaparecer el régimen porfiriano en 1911, la Vicepresidencia quedó como don Porfirio la había creado, y eso terminaría en tragedia.

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