Conforme a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los casos de inequidad salarial en perjuicio de las mujeres mexicanas, cuentan con el engranaje legal para poder judicializarse.…
“El que un hombre gane 50 por ciento más que una mujer, es discriminación directa, pura y dura, y es ilegal. Si ambos tienen la misma educación y experiencia, no hay ninguna razón para tal diferencia y aplica en estos casos un proceso judicial, porque en México hay legislación clara en contra de la discriminación”, señaló en entrevista con este diario María Arteta, encargada de los asuntos de género y no discriminación en la Oficina de la OIT para México y América Central.
“Y aunque el hombre tuviera más experiencia, si los contratan para el mismo trabajo, no debería haber esa brecha”.
Crónica publicó ayer el resultado central de un estudio elaborado por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y entregado ya a la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con el cual las mujeres de nuestro país, aun con la misma carrera o instrucción escolar que los hombres, ganan en promedio la mitad.
“¿Y por qué las egresadas de estas carreras no han hecho nada? —pregunta con incredulidad la especialista—. No es una falta penal, pero sí vulnera el derecho laboral y administrativo. Ellas podrían incluso interponer quejas ante el ministerio del Trabajo (STPS). Si es una compañía distinta sería un poco más complicado, porque podrían excusarse en su propia escala salarial; pero si es la misma empresa, no hay manera de justificarlo legalmente”.
“¿Por qué una mujer acepta estas condiciones?, ¿acaso es porque desconoce la ley?, ¿o es porque siente que no conseguirá trabajo en otro lado? En otros países ya ha habido demandas muy sonadas, y eso ha obligado a las empresas a tomar medidas, por el riesgo reputacional que implica”.
Citó el caso, como ejemplo, de la BBC de Londres, Inglaterra, la cual pagaba a sus periodistas mujeres el 50 por ciento del salario de los hombres.
“Ahora la ley exige que se publiquen los salarios, no con nombre y apellido, pero así se ventilan las discriminaciones, hacia allá podría caminar México, ése sería el reto, y otros puntos complementarios”.
—¿Cuáles?
—Darles más herramientas a inspectores del trabajo, que cuando vayan a una empresa, además de verificar condiciones laborales, de seguridad y salud, también vigilen la brecha salarial. En algunos países, ya lo han comenzado a hacer, pero toma tiempo: mirar la nómina, disgregarla por sexo, y asegurarse que la legislación obligue a las empresas a organizar la data de esa manera.
Según Arteta, las últimas mediciones de la OIT hablaban de una brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país de poco más del 15 por ciento, “aunque se midió por hora, y obvio que la diferencia es mucho más grande cuando se habla del salario mensual, porque las mujeres trabajan mucho menos horas que los hombres; y se acentúa todavía más en el decil más bajo de los ingresos, ahí puede ser del 50 y hasta del 100 por ciento, y no se diga en la informalidad”.
—¿Qué pasa ahí?
—Se incumple por completo con la legislación laboral. Desafortunadamente el seguimiento de una ley se hace en el sector formal de la economía, y en México más del 50 por ciento de la población está en la informalidad y las mujeres son mayoría, en parte porque buscan flexibilidad de días u horarios, dado que llevan el peso del cuidado de la casa, de los hijos. Es probable que en muchos casos ni siquiera se les dé una oportunidad de contratación en el ámbito formal.
—Hemos conocido casos de mujeres que, aun con mayor formación académica, ganan menos que los hombres.…
—Es porque trabajan en sectores menos remunerados de la economía. Las mujeres escogen carreras con menor remuneración, porque se sienten incómodas en un salón de clases donde hay 20 hombres y una mujer, se segregan. Además, las profesiones altamente feminizadas, como educación y salud, tienden a tener salarios más bajos, por prejuicios.
—¿Qué implica para México haber ratificado el Convenio 100 de la OIT sobre igualdad salarial por trabajo de igual valor?
—Que es de obligatorio cumplimiento. México tiene ya un marco legal, pero en la práctica ha sido difícil probar su aplicación, ha dado pasos, pero las estadísticas prueban que hay que hacer mucho más, que no ha sido suficiente.
—¿Cómo se observa la postura del nuevo gobierno mexicano en estos temas?
—Hay más interés, pero de todos los partidos políticos; ahí está el compromiso con las trabajadoras domésticas, que significa un gran paso para la equidad. También la Suprema Corte de Justicia se sumó emitiendo una sentencia obligatoria de seguridad social a esas trabajadoras. Para el Estado mexicano, en general, viene lo más difícil: asegurar el cumplimiento de lo ratificado.
La especialista propuso “desgranar los datos, para entender en qué circunstancias aumenta la desigualdad salarial. Y a la par, hacer campañas nacionales para difundir tanto los derechos constituidos de las mujeres como para que éstas puedan acceder a ocupaciones vistas hasta ahora con un sello masculino, y para que los hombres se concienticen de que una mejor repartición de las tareas en el hogar les permitiría a ellas entrar con más equidad al mercado de trabajo, sin estereotipos machistas”.
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