LIC. ROBERTO SALCEDO AQUINO,
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA:
+El que dice una mentira no sabe qué
tarea ha asumido, porque deberá inventar
veinte más para sostener la primera.
Alexander Pope
En el segunda temporada de la saga “La Casa Gris”, cortesía de Mexicanos contra la Corrupción, nos enteramos que la empresa Baker Hughes (BH) firmó un contrato con PEMEX, el mismo día en que la esposa de José Ramón López Beltrán firmaba el contrato de arrendamiento de una casa en Houston.
Seamos benévolos.
Concedamos que BH tiene décadas trabajando para PEMEX, sin ninguna queja aparente por parte de la paraestatal.
También concedamos que el contrato de agosto de 2019 ya estaba negociado con anterioridad a que el señor Keith Schilling, alto ejecutivo de BH rentara su casa a Carolyn Adams de López, quien por cierto era cabildera de otra empresa del ramo petrolero.
Nuestra tercera concesión es para Carmelina Esquer, quien sin tener las credenciales para el puesto pero sí ser hija del secretario particular de AMLO, es bien trabajadora como para ostentar el cargo de directora de Pemex Procurement International (PPI) y participante en las negociaciones para los contratos de BH.
Una vez hechas todas estas concesiones, prevalecen varias preguntas alrededor de BH. Como bien recordará, Bob Pérez, director de BH para México y Latinoamérica, aseveró que no había conflicto de interés por la Casa Gris, toda vez que México se ubica en la división a su cargo y Schilling oficiaba en la División Norteamérica de BH.
Por aquel entonces, accionistas de BH pidieron una auditoría que aclarara si había o no conflicto de interés y que se les notificara tanto a ellos como a la Security Exchange Commission (SEC) de Nueva York. El resultado fue el mismo: ningún problema.
Tal vez no había ningún problema previo a agosto de 2019, pero la cosa es distinta posterior a esa fecha.
MCCI obtuvo con muchas dificultades y apelando a los buenos oficios del INAI, copia de 11 contratos entre BH y PEMEX; dos de ellos fueron firmados a través de la sociedad que la empresa mantiene con la Italiana Nuovo Pignone por un monto de cinco mil millones de pesos.
Supongo que al considerar que no había conflicto de interés en todas estas contrataciones, doña Carmelina tampoco lo notificó por escrito a su superior jerárquico como lo mandata la Ley General de Responsabilidades Administrativas (artículo 3º). Total, al ser una falta administrativa, como quiera que sea la puede sortear.
Pero el asunto de BH no acaba ahí. Ciertamente la empresa ocupa el quinto lugar entre las que más facturan a PEMEX, con 2.7 por ciento del presupuesto anual de la paraestatal. No dudo que desde hace décadas, BH tenga los méritos técnicos para estar en ese sitio, como aseveró el director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza.
Pero me pregunto que dirá la SEC cuando vea que hay por lo menos 11 contratos adicionales y posteriores a agosto de 2019. Para mí, si los contratos son vía la División LATAM o la de Norteamérica es irrelevante; al final se trata de mucho dinero de por medio entre dos grandes corporaciones.
Hay otro aspecto que nadie ha aclarado, como por qué un contrato firmado en 2017 y cuya vigencia era hasta octubre de 2019, sufrió nueve ampliaciones para implicar nueve mil 600 millones de pesos adicionales. Tampoco se ha transparentado cómo es que BH logra cobrar de manera tan expedita en PEMEX, mientras que a otros proveedores les retrasan los pagos hasta más de un año (Latinus, 09/22).
El caso de BH es el más mediatizado, pero no el único que levanta suspicacias respecto del comportamiento de la 4T. También está la empresa Vitol, acusada incluso en la FGR, de haber sobornado a funcionarios de PEMEX; a pesar de haber sido requeridos los nombres de los presuntos implicados por medio del INAI, hasta la fecha no sabe quiénes son.
Y así avanza la 4T en su lema de “no mentir, no robar, no traicionar”.
Supongo que aplica solo al resto de los mexicanos, porque a los que gobiernan, quién sabe…
P.D. para la Ministra Norma Lucía Piña:
Mañana abordaré su interesante discurso en la celebración del aniversario de la Constitución, en función de la posverdad emitida desde Palacio Nacional.
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