Entrega gobierno de AMLO contratos por 3.7 mmdp a empresas de reciente creación en 2022--2024: IMCO
El monto destinado a procesos con empresas recién creadas llegó a su punto máximo en 2022, con un monto de 3 mil 474 millones de pesos
¿corrupcion?
En lo que va del gobienro de AMLO, el monto destinado a compras públicas federales asciende a 2.6 billones de pesos.
A seis meses de que concluya, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado como un gobierno que “ha mantenido prácticas de riesgo” a la hora de licitar servicios para la población, pues varias instituciones gubernamentales adjudican directamente más del 90% del monto contratado sin transparencia e incluso en los dos últimos años se otorgaron contratos por tres mil 720 millones de pesos a empresas de reciente creación.
Es decir, proveedores que se constituyeron dentro del año anterior a la fecha de inicio del contrato.
El monto destinado a procesos con empresas recién creadas llegó a su punto máximo en 2022, con un monto de 3 mil 474 millones de pesos.
Tan solo en lo que va de 2024, las dependencias del gobierno federal han otorgado contratos por 246 millones de pesos a 55 empresas de reciente creación.
Los mayores montos se observan en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la contratación de servicio externo de guarderías, procedimientos oftalmológicos y laboratorio y diagnóstico, lo que puede impactar negativamente la calidad de servicios que reciben las personas.
De acuerdo al reporte “Compras públicas: Una mirada al cierre del sexenio”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Recalca que la contratación pública es uno de los sectores más vulnerables a la corrupción, ya sea por compras con sobrecostos, pagos a empresas fantasma o licitaciones realizadas “a modo”.
Advierte que las compras que realiza el gobierno implican grandes sumas: solo entre 2018 y 2024, el monto destinado a compras públicas federales asciende a 2.6 billones de pesos.
En 2023, por ejemplo, las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) destinaron 702 mil millones de pesos a procedimientos de contratación, lo que corresponde a 8% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
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Falta de transparencia
Acusa que Birmex, Banco del Bienestar, Diconsa y en su momento el INSABI son algunas de las dependencias más opacas que han adjudicado casi la totalidad de sus contratos de manera directa.
Detalla que en 2020, 99% del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (BIRMEX) fue adjudicado directamente.
En 2021, 89% del monto contratado por el Banco del Bienestar mostró la misma característica mientras que en el n 2022, Diconsa gastó 19 mil 734 millones de pesos en compras públicas y 90% se adjudicó directamente.
El IMCO advierte que la falta de transparencia ha sido una dinámica común en las compras públicas a nivel federal. En 2022, por ejemplo, más de 13 mil adjudicaciones directas (16%) no contaron con el documento del contrato a disposición del público, y poco más de dos mil licitaciones públicas (30%) tuvieron documentación incompleta.
Además existen limitaciones en la publicación de los datos en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), que permite dar a conocer los datos de forma homologada de todas las etapas contractuales.
Las instituciones públicas federales incumplen disposiciones como la publicación en tiempo y forma en Compranet, la contratación con empresas idóneas y la justificación debida a los procedimientos de excepción. En 2022, por ejemplo, 45% de las compras públicas fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, publicada recientemente por el INEGI, la corrupción se mantiene como uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía.
El 56.4% de los mexicanos considera que este fenómeno es uno de los problemas más importantes en su estado, y en términos de costos, los actos corruptos a la hora de interactuar con el gobierno —es decir, realizar trámites y pagos— implican un costo de 15.4 mil millones de pesos anuales, es decir, alrededor de 4 mil 354 pesos por persona.
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